Las empresas de México están obligadas a alinearse en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de cara a hacer frente a la delincuencia organizada, por lo que las empresas deben evitar y documentar operaciones que impliquen la posibilidad de recursos de procedencia ilícita, señaló el Colegio de Contadores Públicos del estado de Puebla (CCPEP).