A pesar de que los bienes incautados a la empresa de inversión Sitma Grupo Inmobiliario no alcanzarían para cubrir el adeudo que mantiene Leonardo Tiro Moranchel con sus clientes, como reconoció de viva voz su abogado Xavier Olea, la secretaría de Gobernación avaló la conformación de un fondo para resarcir el fraude.

En el encuentro que sostuvieron funcionarios de esa dependencia, los dirigentes de los afectados y la representación legal de la empresa acordaron también la entrega de los padrones de clientes registrados, el listado de bienes a nombre de Grupo Sitma y de Leonardo Tiro Moranchel, así como la realización de reuniones semanales en donde estarán presentes servidores públicos de todas las dependencias de gobierno involucradas.

Y aunque el acuerdo no satisfizo en su totalidad a los representantes de los clientes de la empresa creada por Leonardo Tiro Moranchel, estos decidieron otorgarles el beneficio de la duda, según explicaron.

Entrevistado al concluir la reunión en la sede del gobierno del estado de Puebla, Xavier Olea explicó que la propuesta que puso su despacho sobre la mesa es “que se vendan los bienes (de Grupo Sitma) con ese recurso crear un fondo y de ahí pagar, ¿a cuánto asciende eso? no lo sé aún, eso es lo que tenemos que valorar entre el gobierno y nosotros para poder decirle a los afectados tengo tantos millones de pesos”.

Y aunque sostuvo que su despacho tiene registrados hasta el momento 54 bienes, también reconoció que con los que tiene asegurados hasta el momento la PGJ “no se cubre el adeudo, pero no quiero aventurar”.

Por su parte, el recién nombrado secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas informó que producto de la reunión “se estableció una comisión interdisciplinaria en la que están incluidos los afectados, está también el despacho de abogados de la empresa, lo que nos permitirá que con el producto de la venta de los bienes asegurados a Sitma se proceda al pago de las personas afectadas y así puedan resarcir su patrimonio”.

Las reuniones se llevarán a cabo todo los jueves a partir de la próxima semana, para conformar los padrones de afectados por parte de los clientes inconformes.

Mientras, el despacho de abogados presentará el listado de bienes que reconoce la empresa y se practicará unos avalúos que permitan determinar el monto que se obtendría de la venta una vez que las propiedades se liberen.

Cuestionado sobre si el monto que se podría obtener de la venta de los bienes alcanzaría para cubrir los adeudos, el funcionario pidió no “futurear”.

“Necesitamos saber a cuanto asciende exactamente partiendo de su valor comercial, para que de esa manera se pueda pagar, no podemos saber ahorita a cuánto asciende el valor de los bienes asegurados, eso lo deben hacer los peritos calificados de la auditoría que se realizará”.

Meneses evitó responder es si habría, como en el caso de Coofia, recursos del erario público que se destinarían a saldar las deudas en caso que el patrimonio de la empresa defraudadora y su propietario no alcanzaran para resarcir el daño.

“Ya veremos de qué manera, con el apoyo de la federación y el gobierno del estado se puede pagar o llegar a una solución a este problema. Lo más importante es, en este momento, agotar lo que se pueda obtener de los bienes, y a partir de ese momento ya veremos la solución para los que quedan”, concluyó.